Era cuestión de tiempo que algo así sucediera: “Democracia real ya”. 

La Administración Pública se encuentra inmersa en un preocupante proceso de degeneración, resultado de una política de gestión del empleo público que ha ido socavando las principales garantías establecidas en la Constitución para desarrollar las funciones y servicios públicos con imparcialidad.

¿Qué medidas se podrían adoptar para superar esta situación? Se podría sugerir algunas:

1.- Los miembros de los tribunales de selección se elegirán por sorteo a fin de garantizar la independencia de los órganos de selección.

2.- Los funcionarios públicos que realicen trabajos de preparación de oposiciones deberán solicitar el reconocimiento previo de competencia y compatibilidad para esta tarea.

3.- Los procedimientos de selección y de promoción profesional no incluirán, en ningún caso, pruebas subjetivas o que beneficien de forma decisiva a determinados candidatos, o funciones específicas de un puesto de trabajo previamente ocupado por un aspirante a la plaza.

4.- Las interinidades se limitarán estrictamente a los casos expresamente justificados de necesidad y urgencia, incorporando obligatoriamente los puestos vacantes en la primera oferta de empleo público.

5.- Se exigirá obligatoriamente responsabilidad personal a los políticos y funcionarios que intervengan de forma dolosa o negligente en los procesos de contratación fraudulenta de personal, particularmente en los casos de encadenamiento sucesivo de contratos temporales o de cesión irregular de trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que pudieran incurrir.

6.- Se prohibirá la utilización de fórmulas y convenios que encubran el “prestamismo” de trabajadores de empresas públicas a las Administraciones.

7.- La resolución de los recursos administrativos se encomendará a órganos independientes de aquellos que dictaron los actos administrativos recurridos.

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